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El “Punto Ciego” de la Austeridad Electoral en Tiempos de la 4T: Por qué las iniciativas de reforma electoral no frenarían el creciente gasto electoral en los estados

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Por el Dr. Oniel Díaz Jiménez 16 de Marzo de 2026 Introducción: La narrativa frente a la aritmética

Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, la necesidad de una reforma electoral en México se ha vendido bajo una poderosa idea: la de la austeridad. Sin embargo, tanto la iniciativa de la administración actual como las propuestas de la oposición parecen partir de un diagnostico y definición del problema erróneos e ignorar un principio básico: no se puede arreglar el sistema nacional de financiamiento público a partidos si no se corrigen las distorsiones subnacionales. Mientras el debate se ha centrado en reducir multiplicadores del subsidio a nivel federal, el verdadero “agujero negro” del gasto electoral sigue creciendo en las entidades federativas, alimentado por una inercia demográfica que ninguna cifra de recorte podrá frenar por sí sola.

Cartelización y declive del sistema de partidos de la transición

Además de causas evidentes como el pobre desempeño gubernamental y la corrupción política, el desapego ciudadano hacia las organizaciones partidistas en México puede explicarse a través de la hipótesis de la cartelización (Katz y Mair, 1995), la cual postula una mutación de los partidos de agentes sociales y de representación política a órganos cuasi-estatales. Bajo esta lógica, la extrema institucionalización jurídica y el acceso privilegiado de los partidos mexicanos a cuantiosos subsidios públicos han generado una relación de interdependencia con el Estado: las organizaciones partidistas han priorizado su supervivencia organizacional mediante la captura de cargos y cuantiosos recursos públicos, en detrimento de sus funciones de representación política y social (Díaz Jiménez y León Ganatios, 2019).

Paradójicamente, mientras el marco normativo diseñado en la transición democrática mexicana buscaba fortalecer el sistema de partidos, la evidencia sugiere que este “blindaje financiero” ha facilitado una colusión sistémica. Al reducir su dependencia de la base social y aumentar su autonomía financiera frente al electorado, los partidos protagonistas del cambio político en México incurrieron en un aislamiento que explica por qué el incremento sin precedentes en el financiamiento público (superando los estándares de América Latina) no se tradujo en una mayor legitimidad, sino en una gradual erosión de su vínculo representativo y la consecuente (y merecida) perdida de apoyo electoral (Díaz Jiménez, 2023) (Gráfico 1).

1. La definición del problema: estabilidad federal y distorsiones subnacionales

El pilar fundamental de este marco normativo se estableció con la reforma política de 1996, la cual dotó de credibilidad (e integridad) a los procesos electorales mediante instituciones independientes y un sistema de financiamiento público a partidos más generoso y equitativo respecto al pasado. Como resultado de ésta y subsecuentes reformas (particularmente la de 2014), el subsidio público total (federal y local) a los partidos, se ha incrementado considerablemente década tras década, pasando de 7.7 mil (1997) a 11.2 mil millones de pesos (2021) en elecciones intermedias, y de 7.5 mil millones (2000) a 14.4 mil millones (2024) en elecciones presidenciales y concurrentes (en pesos constantes de 2018). Y también ha registrado grandes incrementos incluso en años no electorales (Gráfico 2).

Sin embargo, el análisis de la evolución del financiamiento total a los partidos revela una dualidad crítica. El subsidio federal gestionado por el INE se ha mantenido relativamente contenido y estable a lo largo del tiempo, con un promedio anual de 5,234 millones de pesos entre 1996 y 2024 (Gráfico 3). De hecho, el financiamiento a partidos en el año electoral de 2024 es prácticamente el mismo de la elección intermedia de 1997 (7.7 mil millones). En contraste, el subsidio estatal canalizado a través de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) ha seguido una trayectoria ascendente y sumamente cuantiosa (Gráfico 4).

Esta tendencia se agudizó tras la reforma de 2014; de hecho, en años electorales recientes como 2021, el financiamiento local llegó incluso a superar al federal (6.1 vs 5.1 miles de millones) (Gráfico 5), lo que ha elevado el costo total del sistema público de financiamiento político a niveles históricos, alcanzando el mencionado pico de 14.4 mil millones de pesos en el último proceso electoral.

Este crecimiento sostenido de los recursos públicos para partidos, especialmente en el ámbito estatal, refuerza la hipótesis de la cartelización: las organizaciones partidistas herederas de la transición democrática construyeron una estructura de supervivencia financiera que, si bien no necesariamente los hizo inmunes a las fluctuaciones de su base electoral, si los integró orgánicamente al presupuesto del Estado, profundizando la brecha entre la opulencia de las organizaciones (y cúpulas) partidistas y su débil arraigo en la ciudadanía mexicana. Pese a los miles y miles de millones “invertidos” en esas fuerzas políticas durante casi tres décadas, ya muy pocos mexicanos se identifican con ellas. La gran mayoría son ahora apartidistas o morenistas (Gráfico 6).

A pesar de que las sucesivas reformas electorales a menudo se han presentado bajo la retórica de la austeridad, los resultados empíricos contradicen este propósito inicial. Lejos de reducirse, los subsidios partidistas — tanto directos como indirectos — han experimentado un crecimiento gradual y significativo a lo largo de los años, reflejando el comportamiento estratégico (y rentista) de las élites y la cartelización del sistema de partidos. Este fenómeno se observa en la naturaleza contradictoria de los cambios legales: por ejemplo, la reforma de 2007–2008 contuvo el crecimiento del financiamiento directo federal, pero compensó a las organizaciones partidistas mediante un acceso masivo a medios de comunicación que, en términos de valor económico, superó con creces los mínimos recortes realizados.

De manera similar, la reforma de 2014 institucionalizó un incremento sustancial en el financiamiento local mediante la nacionalización de las fórmulas de asignación. Como se observa claramente en el Gráfico 1, el financiamiento total ha mantenido una trayectoria ascendente que confirma la resiliencia del masivo subsidio estatal a los partidos frente a los fútiles intentos de regulación (y reducción). Sin embargo, no hay que soslayar que el motor de crecimiento del gasto electoral se encuentra en el ámbito local, y no en el federal (Gráfico 6).

2. La Verdad sobre el presupuesto a los OPLEs: ¿Realmente han sido “asfixiados” financieramente por la 4T?

Asimismo, pese a las narrativas tan comunes en los medios (y en cierto sector de la academia), sobre una supuesta asfixia presupuestal a OPLEs por congresos locales bajo el control de la 4T, es necesario reconocer que el sexenio del Presidente López Obrador se avanzó en corregir una anomalía histórica en el ámbito local. Antes de 2018, la mayor parte del presupuesto electoral en los estados se destinaba al financiamiento de partidos, con mucha menor inversión en el gasto operativo de los OPLEs. Sin embargo, a partir de 2018 se ha observado un considerable incremento en los presupuestos para la operación de los institutos locales, a la par del aumento al financiamiento a los partidos locales canalizado a través de ellos (Gráfico 7).

En 2024, el presupuesto total de los OPLES alcanzó un máximo histórico de 15.7 mil millones de pesos (incluyendo las prerrogativas de los partidos). Pese a las constantes denuncias de funcionarios electorales, medios y académicos afines a la oposición, la verdad es que nunca en la historia del sistema electoral mexicano ha habido tantos recursos destinados a la gestión electoral local como en los últimos dos procesos electorales (2021 y 2024).

Antes de 2018, vivíamos una anomalía presupuestal local que contrastaba con la tendencia observada en el contexto federal. A partir de la reforma electoral de 2014, la mayor parte del gasto electoral a nivel federal se orientó al presupuesto operativo del INE (mientras que el financiamiento a partidos se mantuvo estable y sin incrementos significativos). En 2024, el Instituto destinó 17.4 mil millones a su operación técnica frente a 7.7 mil millones para partidos nacionales, es decir se dio prioridad a la gestión electoral sobre el financiamiento partidista (Grafico 8). En contraste, hasta 2017, el presupuesto operativo asignado a los institutos electorales a nivel subnacional era marginal y el financiamiento público a partidos consumía prácticamente todo el presupuesto electoral local. El gasto operativo de los OPLES alcanzó su punto más bajo en 2016 y 2017 (1.3 y 1.2 mil millones respectivamente) (Gráfico 9).

¿Entonces, por qué se habla tanto de recortes másivos en los medios y la academia si los presupuestos son récord? Porque entre 2021 y 2024 hubo ciertamente un ligero recorte: el gasto operativo en 2024 bajó (o mejor dicho, no aumentó) respecto al pico anterior de 2021 (pasando de $9.4 a $9.1 mmdp) (Gráfico 10), pero los presupuestos claramente se mantuvieron mucho más altos que antes de la 4T.

— Pasado (2017): Se gastaba más en partidos ($4.6 mmdp) que en operar los institutos electorales ($1.2 mmdp).

— Presente (2024): Se invierte mucho más en la organización operativa ($9.1 mmdp) que en los partidos ($6.7 mmdp). Como puede verse en el Gráfico 11, en 2016 y 2017, ¡el 80% de todo el dinero de los OPLES se iba directo a los partidos! Es durante la administración del Presidente Peña Nieto cuando realmente se asfixió presupuestalmente a los OPLEs.

En resumen, la idea de los recortes masivos a los OPLEs no es más que una narrativa alimentada por los medios afines a la oposición, consejeros y consejeras electorales, así como por cierto sector de la academia (muy probablemente con datos sesgados e incompletos de los propios institutos). Claramente, es a partir de la 4T cuando éstos han tenido más presupuesto operativo respecto al pasado. Junto al aumento sostenido del financiamiento a los partidos locales, este incremento presupuestal a los OPLEs, a partir de 2018, también contribuye significativamente al ya de por sí cada vez más elevado costo de nuestra democracia electoral.

3. La (improbable) Reforma 2026: ¿Ahorro real o “Efecto Rebote”?

La actual iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir el multiplicador del financiamiento ordinario del 65% al 48.75% de la UMA, tanto a nivel federal como estatal. Aunque su propuesta de reducir el dinero público para partidos y autoridades electorales cuenta con respaldo mayoritario en la opinión pública y aritméticamente representa un ahorro inmediato del 25%, la reforma carece de una visión estructural a largo plazo. Al mantener el Padrón Electoral como base del cálculo — y no la Votación Válida — , la iniciativa deja intacto el motor que infla los presupuestos locales. En estados con alta dinámica migratoria como Quintana Roo, Querétaro o Jalisco, el crecimiento poblacional generará un “efecto rebote”: en menos de una década, el puro crecimiento del padrón neutralizará el ahorro del recorte, regresándonos al punto de partida.

4. El modelo “Sin Voto No Hay Dinero”: La asignatura pendiente

Para resolver el problema de fondo, México debería mirar hacia experiencias locales exitosas como la ley “Sin Voto No Hay Dinero” impulsada en Jalisco. La diferencia es crucial: la propuesta de reforma de 2026 impone un “techo de gasto”, pero la llamada ley Kumamoto creaba un “incentivo de comportamiento”. Al vincular el dinero a los votos reales y no a las credenciales de elector expedidas, se obligaba a los partidos a convencer a los ciudadanos a salir a votar, y no solo a existir en el padrón electoral. Las iniciativas de reforma actuales, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, deberían de partir de diagnósticos más precisos y transitar hacia este modelo híbrido para asegurar que la austeridad sea una consecuencia de la legitimidad democrática y no una imposición administrativa vulnerable al tiempo. La clave de esta ley fue pasar de un presupuesto basado en “cuánta gente tiene credencial” a uno basado en “cuánta gente realmente votó”.

  • Fórmula Federal y Local Estándar: Multiplica el Padrón Electoral (todas las personas registradas en el INE) por el 65% de la UMA.

  • Fórmula Kumamoto (Jalisco): * En años electorales: Se multiplicaba la Votación Válida Emitida (votos reales recibidos en la elección anterior) por el 65% de la UMA.

  • En años no electorales: Se multiplicaba el Padrón Electoral por solo el 20% de la UMA (en lugar del 65% tradicional).

La implementación de esta ley generó ahorros masivos e inmediatos en Jalisco (Gráfico 12):

  • Ahorro Inicial (2017–2018): Se estimó un ahorro de 550 millones de pesos anuales en Jalisco en su primer periodo de aplicación.

  • Reducción del Techo Financiero: En el presupuesto ordinario (años no electorales), la ley lograba reducir el gasto de los partidos locales hasta en un 60% en comparación con el modelo anterior.

El análisis detallado del Gráfico 12 permite cuantificar con precisión el impacto financiero de la Ley Kumamoto y, sobre todo, el costo de oportunidad que representó su derogación en 2022. La línea roja punteada en la imagen representa el camino de ahorro que el estado habría seguido de mantenerse la fórmula original de “Sin Voto No Hay Dinero”. Y durante el periodo resaltado por el óvalo rojo, se observa la efectividad máxima de la ley en años no electorales:

  • En 2019 y 2020, el financiamiento cayó a sus niveles históricos más bajos: 96 y 98 millones de pesos respectivamente (a precios constantes de 2018).

  • La línea punteada (Ahorro Kumamoto): Proyectaba un gasto significativamente menor, situándose cerca de la barrera de los 180 millones de pesos.

  • El Ahorro Perdido: Solo en el año 2024, la diferencia entre mantener la ley original y la fórmula actual representa un gasto excedente de aproximadamente 320 millones de pesos constantes.

El gráfico también muestra cómo la tendencia de ahorro (línea punteada roja) tenía una pendiente descendente constante desde 2012. Sin embargo, la línea negra rompe esta tendencia a partir de 2022:

  • Reversión de tendencia: La “línea punteada” sugería que el sistema se estaba estabilizando hacia un modelo de bajo costo electoral.

  • Impacto de la derogación: Al derogar la ley a partir de 2022, el presupuesto de 2024 (500 millones de pesos) no solo superó la proyección de ahorro, sino que incluso sobrepasó el pico electoral de 2018 (454 millones), anulando por completo una década de esfuerzos de reducción presupuestal.

Posible Impacto Nacional: Se calcula que, de haberse implementado a nivel federal, el país habría ahorrado cerca de 2,200 millones de pesos anuales (Gráfico 13).

Conclusión: Más allá de la aritmética electoral

Es común escuchar que el financiamiento a los partidos nacionales es el origen del despilfarro. No obstante, los datos cuentan una historia distinta. Si analizamos el financiamiento público federal canalizado a través del INE desde 1997 hasta 2024 a precios constantes, observamos una tendencia sorprendentemente estable. La bolsa federal ha sido contenida por reglas de fiscalización rigurosas y un crecimiento del padrón nacional moderado. El problema real no es la “ventanilla federal”, sino la explosión del financiamiento subnacional a partidos (y autoridades electorales locales). En los estados, la duplicidad de funciones y la creación de fórmulas locales han permitido que el gasto crezca de manera constante y muchas veces injustificada, creando una “doble ventanilla” donde el presupuesto local ya compite, y en ocasiones supera, al impacto del federal. Los problemas con el financiamiento local a partidos y autoridades electorales han sido acertadamente señalados desde los primeros intentos de reforma electoral de la 4T, que propuso eliminarlos en 2019. Inclusive, el propio INE planteó eliminar los privilegios que el Estado otorga a partidos en las entidades federativas en ese año. Los estudios del instituto encontraron múltiples irregularidades en la fiscalización de los partidos políticos estatales.

Entre las diversas irregularidades detectadas se encontraban:

  • informes extemporáneos,

  • incumplimiento de apertura de cuentas bancarias para llevar el control de los gastos de los candidatos,

  • reportar la agenda de sus actos públicos o hacerlo de forma tardía,

  • presentación informes sin documentación de soporte, como facturas y la línea de ingresos y gastos,

  • no presentan el detalle de la compra de bienes que distribuyen entre seguidores, como banderines, playeras y gorras, etc.

Por lo tanto, si el objetivo es una austeridad republicana que trascienda los sexenios, el legislador debe dejar de enfocarse únicamente en el multiplicador y empezar a cuestionar la base. El verdadero reto de la reforma electoral de 2026 no es cuánto recortar hoy, sino cómo evitar que el financiamiento y el gasto electoral local sigan creciendo sin justificación democrática mañana.

Nota Metodológica: Análisis Evolutivo y Longitudinal del Presupuesto Electoral (2004–2024)

1. Alcance y Diseño de la Investigación

El presente estudio emplea un diseño de investigación descriptivo y longitudinal para analizar la evolución de las finanzas electorales en México en un horizonte de 20 años (2004–2024). A diferencia de los análisis de corto plazo, este enfoque permite identificar cambios estructurales en la asignación de recursos a través del tiempo.

2. Fuentes y Recolección de Datos

La base de datos se construyó mediante la consolidación de tres fuentes:

Registros Históricos (2004–2018):

Registros Contemporáneos (2019–2024) (2012–2024 para Jalisco): Acuerdos de prerrogativas y presupuestos de egresos locales procesados para las 32 entidades federativas.

Indicadores Económicos: Series históricas del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI para la conversión de valores nominales a pesos constantes con año base 2018.

Referencias:

 
 
 

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